Con una brecha de infraestructura en Paraguay de alrededor de US$ 35.000 millones y un Plan de Infraestructura Vial para el 2028 de aproximadamente US$ 5.500 millones ó 4 porciento del Producto Interno Bruto (PIB) de inversión, Paraguay se enfrenta, en los últimos años, a un gran desafío por la fuente de financiamiento.
La inversión en obras y el desafío de encontrar fuentes de financiamiento
La situación se profundizó en el 2023, dado el acuerdo que había suscrito el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que, entre otras aristas, contempla converger el déficit fiscal al 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El cumplimiento de este compromiso viene generando una desaceleración en la dinámica de inversión en proyectos de infraestructura. Ello, al considerar que los recortes al gasto público, generalmente, se realiza al componente de la inversión física.
Es importante mencionar que previo al año 2013, la inversión física (construcciones, adquisición de inmuebles y maquinarias) no formaba parte de los principales pilares de acciones de los gobiernos, lo que permitió que las cuentas públicas gozaran, por años, de superávits, es decir, los ingresos eran mayores a los gastos y servían básicamente para mantener la estructura del Estado.
En 2012, con el aumento salarial al sector público (en promedio, 38%) inició lo que sería un déficit estructural y, por ende, escaso o nulo espacio fiscal para impulsar las inversiones en obras, lo cual llevó a la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento. Así, los recursos captados a través de la emisión de bonos soberanos se convirtieron en el principal modelo de financiamiento en los siguientes ejercicios.
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