La impunidad impide un buen servicio de transporte público - Editorial - ABC Color

La impunidad impide un buen servicio de transporte público - Editorial - ABC Color

En este país no faltan leyes, sino la voluntad de aplicarlas cuando están en juego poderosos intereses. Sus disposiciones pueden ser ignoradas con toda impunidad si los que mandan creen que no conviene malquistarse con los delincuentes si, por alguna razón, pueden resultar útiles desde el punto de vista político. Ahora el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que “cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a empresas de transporte público infractoras de la ley”, y dispone sanciones ya contempladas en leyes vigentes. Así que ya había el suficiente respaldo legal para perseguir penalmente a los responsables de las criminales “reguladas”. Lo que ocurrió y sigue ocurriendo es que los chantajistas disfrazados de empresarios son un factor de poder importante para el acarreo de votos en el marco de unas elecciones internas o nacionales.

En este país no faltan leyes, sino la voluntad de aplicarlas cuando están en juego poderosos intereses. Sus disposiciones pueden ser ignoradas con toda impunidad si los que mandan creen que no conviene malquistarse con los delincuentes si, por alguna razón, pueden resultar útiles desde el punto de vista político. Es así que, con frecuencia, las autoridades recurren a engorrosos “diálogos” con quienes violan las leyes, que siempre se salen con la suya, en vez de aplicar el Código Penal como corresponde.

Estas disquisiciones vienen a cuento de que el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que “cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a empresas de transporte público infractoras de la ley”, aparte de calificar de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” la amenaza o extorsión a los órganos estatales competentes. La Ley Nº 1618/00 dice que la concesión de servicios públicos termina por cumplimiento del plazo, por mutuo acuerdo y por las demás causales estipuladas en el respectivo contrato, en el reglamento y en las bases de la licitación. Al respecto,...

Como se ve, ya había el suficiente respaldo legal para cancelar la “licencia, el itinerario y el subsidio”, así como para perseguir penalmente a los responsables de las criminales “reguladas”. Lo que ocurrió y sigue ocurriendo es que los chantajistas disfrazados de empresarios son un factor de poder importante para el acarreo de votos en el marco de unas elecciones internas o nacionales.

No debe creerse, desde luego, que si la iniciativa mencionada se convirtiera en ley, sus disposiciones caerían sobre quienes han venido defraudando sumas multimillonarias en concepto de subsidio. Es muy improbable que, en tal caso, se pusieran a temblar, pero sí puede ocurrir que la población se dé por satisfecha, ya que está muy difundida la creencia de que basta con que una normativa sea promulgada para que una cuestión quede automáticamente arreglada. Si muchos la incumplen es porque también abundan los que ignoran su deber de hacerla cumplir por corrupción, indolencia o interés...

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