Miembros de un estudio jurídico respondieron con fuerte crítica y sentaron postura ante el pedido de informes que les hizo la comisión “garrote” del Congreso, sobre lo que los legisladores creen que es una “donación” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Ante los errores de la solicitud y lo que califican como una inquisición, los afectados piden que los integrantes de esta comisión renuncien a sus bancas de parlamentarios y no descartan denunciarlos judicialmente.
El estudio jurídico Colab Abogados EAS (Empresa por Acciones Simplificadas) fue una de las entidades que recibió pedidos de informes de parte de la del Congreso que está integrada mayormente por legisladores cartistas. Los voceros Jorge Ignacio Gross Brown y Mauricio Salgueiro enviaron una respuesta a dicha solicitud, pero aclarandole a la bicameral que existen falencias en el petitorio de rendición de cuentas sobre fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que accedieron.
“Nos es excesivamente extraña la petición recibida. Colab Abogados EAS no solamente es una entidad privada con fines de lucro y personalidad jurídica de carácter privado si no también es un estudio jurídico de profesionales del derecho (abogados del foro)”, comienza manifestando el comunicado.
Calificaron de escueta a la nota recibida y que ofende no solamente por su simpleza y falta de sustanciación sino también porque irrita los cimientos republicanos del estado de derecho pidiendo información de carácter privado a una empresa privada dentro del marco de una supuesta investigación de actos ilícitos y de lavado de dinero.
“Abrazando conductas jacobinas, inspirándose en el mismo Torquemada, circularon notas a diferentes organizaciones pidiendo rendiciones de cuenta bajo una denominación rimbombante pero peculiar. En el sentido que no nos podemos imaginar cómo un proyecto para fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción financiado con fondos del gobierno de Estados Unidos de América puede estar relacionado con una Comisión Bicameral de “Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y Otros Delitos Conexos”, expresaron.
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