El pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió este miércoles emplazar por 15 días a los jueces de Ejecución Penal del país a fin de que remitan un informe a la máxima instancia sobre el estado de ejecución de las sentencias.
La medida fue adoptada con el propósito de conocer cuáles son las sentencias que aún no están siendo ejecutadas y qué diligencias fueron llevadas adelante por los juzgados para el cumplimiento de los fallos emitidos en esos casos.
El reporte deberá incluir la totalidad de las sentencias en esta etapa correspondientes a los últimos tres años, el número de personas condenadas que no están cumpliendo sus penas por encontrarse prófugas, el hecho punible y la jurisdicción respectiva.
Por sugerencia de la Oficina Técnica Penal (OTP) y con el objetivo de tener un mejor control sobre las condenas que deben ser ejecutadas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca contar con un informe completo de las sentencias condenatorias que aún no se están cumpliendo. Son varias las causas concluidas con fallos firmes incluso relacionadas con casos de corrupción pública que no han sido ejecutadas.
“El fuero de Ejecución Penal tiene que dedicarse a hacer cumplir lo juzgado por tribunales de otras instancias. En ese sentido, propongo que todos los juzgados de Ejecución Penal de la República emitan un informe sobre las causas en las cuales se hayan dictado penas privativas de libertad y que, a la fecha, no se estén cumpliendo en forma efectiva”, señaló la ministra Carolina Llanes, presidenta en ejercicio de la CSJ.
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