CON PENA Y SIN GLORIA.La asignación discrecional de un bien mundialmente escaso como la vacuna contra el covid-19 es moral y políticamente deplorable. Es abuso de autoridad o relajamiento de responsabilidad y también ignorancia en desprecio de la necesidad de la mayoría. Causa enorme malestar enterarse que quienes ocupan cargos en la función pública se aumentan sueldos en plena pandemia, cuando hay personas que están pasando muy mal. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, han cerrado negocios, hay familias destrozadas por el dolor de seres queridos que fallecieron, y gente privilegiada, amiga del poder, o amiga de amigos del poder que recibe la vacuna antes que un personal de enfermería o medicina que pelea todos los días contra la pandemia. Se percibe una gran distancia entre la realidad que vive el Gobierno y la dolorosa situación vivida por la población, que hace un año espera mejores resultados, no solo sanitarios, sino también económicos y políticos.
Según entendidos, esta no será la última pandemia del siglo XXI. La globalización y la presión sobre los ecosistemas y las áreas silvestres están provocando cada vez más zoonosis, que pueden terminar en contagios de humano a humano, como sucedió con el SARS-Cov-2. Así que debemos corregir errores, prepararnos y aprender de esta enfermedad epidémica que se extiende por varias partes del planeta. Investigadores y entendidos dicen que una de las principales lecciones es que sin ciencia y sin justicia no se puede responder exitosamente a una crisis tan severa. La justicia se debe exigir en...
En mayo del 2020, Costa Rica planteó ante la OMS crear un patrimonio de tecnologías, datos e información que fuese útil en la pandemia. Sugería que los dueños de los derechos de propiedad intelectual de esas tecnologías, las vacunas y nuevos medicamentos suspendieran de modo voluntario los derechos de propiedad intelectual. La idea es que ese conjunto de información tecnocientífica pudiera estar al servicio de todos los países, sin costo alguno o a un monto simbólico.
En el Washington Post, Gabriela Arguedes dice que América Latina cuenta con especialistas de alto nivel en el campo de la bioética, la ciencia, la tecnología, los derechos humanos y la propiedad intelectual, quienes podrían unirse para preparar una propuesta común, que contemple un mecanismo para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas que sean de uso indispensable en una pandemia. ¿Será esto posible? ¿Se unirán voluntades y mentes de países hermanos para conseguir este objetivo trascendental?
La situación de dependencia científico-tecnológica en la que se encuentra gran parte de América del Sur y, en especial nuestro país, profundiza nuestra vulnerabilidad ante una crisis sanitaria y nos coloca en una posición de indefensión. La ciudadanía todavía no tiene acceso a alguna de las vacunas aprobadas, que puedan inmunizar contra el covid-19. El futuro no se ve alentador.
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