El juez penal de la Adolescencia, recientemente designado como miembro de la tercera sala penal del Tribunal de Apelación de Ciudad del Este, Marino Méndez, salió al paso de las publicaciones periodísticas y de las declaraciones de la presidenta del Tribunal de Ética Judicial, Antonia Irigoitia, quienes cuestionaron su nombramiento alegando que el magistrado contaba […]
Juez Marino Méndez, designado miembro de la tercera sala penal del Tribunal de Apelación de CDE.
El juez penal de la Adolescencia, recientemente designado como miembro de la tercera sala penal del Tribunal de Apelación de Ciudad del Este, Marino Méndez, salió al paso de las publicaciones periodísticas y de las declaraciones de la presidenta del Tribunal de Ética Judicial, Antonia Irigoitia, quienes cuestionaron su nombramiento alegando que el magistrado contaba con antecedentes disciplinarios por transgresiones éticas. Méndez aseguró que la información difundida es parcial, descontextualizada y responde a intereses que buscan deslegitimar su trayectoria profesional.
El magistrado reconoció que en su legajo existen dos anotaciones provenientes del órgano ético del Poder Judicial: una recomendación emitida en 2016 y una amonestación dictada en 2019. Sin embargo, aclaró que la recomendación no constituye una sanción, y que la amonestación ya perdió vigencia para efectos de evaluación por parte del Consejo de la Magistratura, puesto que este órgano solo considera los antecedentes de los últimos cinco años al momento de conformar ternas para cargos judiciales.
“La recomendación del 2016 fue consecuencia de una denuncia sin fundamentos realizada por el exsenador Paraguayo Cubas, quien buscaba apartarme de un proceso en el que yo debía juzgar una querella presentada por la ex primera dama Emilia Alfaro. Alegó falsamente que me había reunido con ella a puertas cerradas, algo que jamás ocurrió. Lo grave de todo esto es que el tribunal de ética asumió esa versión como verdadera, sin siquiera darme traslado ni audiencia para ejercer mi defensa. Es una recomendación, ni siquiera es una sanción, pero la usan como si lo fuera”, señaló Méndez.
Leer la nota completa en La Clave
