El juez Humberto Otazú, de Delitos Económicos, deberá resolver las chicanas que se presentaron en el proceso penal que soporta el accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y varias personas imputadas por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, tras la fallida compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Padre e hija presentaron un incidente de nulidad del acta de imputación y una reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación y la fecha para la audiencia de imposición de medidas resuelta por el anterior juez José Delmás.
Estos incidentes deberán ser analizados por el magistrado Otazú. Con base en estas presentaciones dilatorias, el clan Ferreira sigue litigando en libertad porque la Fiscalía no ordenó la detención de los imputados en el presente caso. Asimismo, en el presente caso están procesados Guillermo Molina, Gustavo Acosta, Mario Olmedo, Carlos Gamarra y Lauri Pohl. Para todos ellos se solicitó la prisión preventiva.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Osmar Legal, quien imputó al accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, y a las demás personas, presuntamente habría violado el artículo 240 del Código Procesal Penal que habla sobre la detención y los requisitos para que la autoridad competente pueda ordenar la detención de un imputado.
La omisión de solicitar que sean buscados y detenidos por parte del fiscal Legal contra los imputados habría posibilitado que los abogados de los Ferreira puedan presentar varias chicanas y evitar someterse a la Justicia. Aparentemente, este hecho pareciera ser ideado por el propio Legal, en vista a que tendría nexos de amistad con un abogado que asesora externamente al clan Ferreira.
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