El juez Édgar Rivas decidió derivar a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) de fiscalizar los fondos socioambientales de Itaipú Binacional. Argumentó que para el caso se debe determinar la constitucionalidad o no de la medida pedida por la institución contralora.
“La Corte Suprema de Justicia puede bien aclarar el panorama, por eso la misma está respondiendo las consultas que nosotros derivamos. Las respuestas más rápidas surgen con el tema de los amparos, varían mucho de acuerdo a la cantidad de consultas que tenga la Corte”, explicó el juez Édgar Rivas, en diálogo con Cada Mañana por La Unión, con relación al pedido de amparo que solicitó la Contraloría, señalando que se debe definir si la medida se ajusta a las normativas de la Constitución Nacional.
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La Contraloría pidió que se garanticen facultades constitucionales de fiscalización de fondos sociales de Itaipú, lado paraguayo, a raíz de la negación de la Itaipú emitida contra la solicitud del ente contralor. La idea de esta institución es asegurar que no quebrantará la Carta Magna al auditar los fondos sociales de la hidroeléctrica compartida con el Brasil.
Por su parte, Yacyretá entregó los documentos al respecto esta semana.
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