Por el Decreto 6092, del 10 de octubre de 2016, se definía la política energética “Paraguay 2040, nos desarrollamos con energía”. Con auspicios de Itaipú, la elaboración del documento, aprobado por el Viceministerio de Minas y Energía y la Mesa Técnica de la Mesa Energética Nacional, recayó en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional.
Sus objetivos apuntan a garantizar el acceso a la energía, a la seguridad energética, a la conversión del país en un centro regional de integración aprovechando su potencial hidroeléctrico, al uso comedido de la energía y a la utilización de la hidroelectricidad, de la bioenergía y otras fuentes alternativas, incentivando la producción de hidrocarburos.
Un poco después, la crónica periodística informaba que el renombrado economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Instituto Tierra de la Universidad de Columbia y asesor especial del secretario general de la ONU, recibía una copia de la política energética establecida por decreto. El documento le fue entregado el 3 de noviembre de 2016 por James Spalding, director general paraguayo de Itaipú, acompañado del embajador de Paraguay en Estados Unidos, Germán Rojas, y el vicecanciller Óscar Cabello.
Por insólito que parezca, nuestras autoridades que cajonearon el mesurado Informe Sachs, publicado por ABC Color el 18 de noviembre de 2015, de pronto recurrieran al científico para escuchar su parecer sobre la política energética “Paraguay 2040”. El actual Gobierno, a través de Spalding, no tuvo reparo alguno en recabar la opinión del ninguneado científico.
El Informe Sachs, “la otra campana de Itaipú”, incompatible con la política oficial del statu quo, había demostrado que la deuda de entidad binacional ya fue suficientemente honrada en el 2008 y que el Paraguay, solo en el 2012, dejó de recibir unos US$ 748,6 millones en concepto de royalties y como compensación por la cesión de su energía. Quedaba en evidencia el robo al Paraguay.
Leer la nota completa en Diario ABC
