Sin ofrecer detalles sobre el progreso en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que ya lleva 51 años en vigor, el gobierno de Santiago Peña resaltó como el principal logro de su primer año de gestión en la binacional, la definición de la tarifa de potencia, la cual tendrá vigencia durante los próximos tres años.
El pasado martes 13 de agosto se cumplieron 51 años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú, marcando un año desde que se habilitó la revisión del Anexo C. No obstante, a pesar de la relevancia crucial que estas negociaciones con Brasil tienen para la economía nacional, el gobierno de Santiago Peña ha proporcionado escasa o nula información sobre los avances en este proceso.
Lo último que se pudo saber mediante una entrevista telefónica, en una radioemisora local, al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, es que están nuevamente viendo cómo incluir los gastos socioambientales en los costos de la hidroeléctrica. Esto, pese a que en el documento de “Entendimiento entre Paraguay y Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional”, firmado el 7 de mayo pasado, acordaron que “después del ejercicio 2026 las Altas Partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad...
En la entrevista, Giménez, quien también es miembro del Consejo de Administración de Itaipú, resaltó que “el quid de la cuestión” es determinar qué es el costo de Itaipú. Y admitió que “ahí puede haber variaciones”.
“Vos podes determinar que es un costo, brutalmente costo, no incluir nada y (la tarifa de Itaipú) va a orillar entre 9 a 10 dólares (el kilovatio mes). Ahora, si incluís dentro del costo algunas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, desarrollo de nuevas tecnologías y, por qué no, incursión en otras áreas energéticas te podés ir a 13 o 14 dólares (el kilovatio mes)”, explicó.
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