La ineficiencia del Ministerio de Salud Pública dejó perjuicios incalculables al país. Todos los procesos de compras encarados en el marco de la emergencia sanitaria fueron anulados debido a irregularidades detectadas. Insumos que eran vitales para afrontar al coronavirus no pudieron ser adquiridos debido a vicios de nulidad. Al menos G. 180.000 millones de dinero público iban a ser entregados en contratos que no cumplían con la ley.
La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por el ministro Arnaldo Giuzzio, reveló el viernes último en su informe que las 32 convocatorias para provisión de artículos médicos hechas por el Ministerio de Salud Pública para encarar la emergencia sanitaria, estuvieron plagadas de diversas irregularidades.
Según el resultado de la revisión, no hubo siquiera un solo proceso de adquisición iniciado por el ministerio dirigido por el doctor Julio Mazzoleni, respecto al coronavirus, que no tuviera al menos una anomalía.
De acuerdo a los datos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dichos llamados iban a representar erogaciones de al menos por G. 176.157 millones.
Los gastos podrían ser mayores si se tiene en cuenta que Salud Pública no colgó todavía en la web de la DNCP los datos de diez de los 32 procesos de adquisición cuestionados. Esto es debido a que, acogidos en la ley de Emergencia, realizaron todos los llamados por la vía de la excepción, lo que permitió a la cartera estatal publicar los procesos recién después de firmar los contratos.
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