Los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS) y la mayoría ciudadana han recibido con estupor la noticia de que los “administradores” y los sindicatos del ente firmaron un contrato colectivo que, entre otras cosas, otorga un ajuste salarial mínimo, automático y generalizado del 5% anual más aguinaldo extra, múltiples bonificaciones que pueden superar varias veces el salario completo, licencias laborales que pueden llegar hasta a 266 días en el año, sin contar las vacaciones, todo lo cual, según salió a luz, ya ha sido sigilosamente homologado por el Viceministerio de Trabajo en tiempo electoral y a espaldas de la opinión pública. Como si fuera poco, en su afán de justificar lo que insistió en llamar “reivindicaciones, no beneficios”, el sindicalista Juan de Dios Salcedo dijo que el contrato alcanzará a 26.000 empleados permanentes y contratados. Sin proponérselo, con ello reveló un secreto bien guardado sobre el número real de funcionarios del IPS, que resulta ser nada menos que de ¡uno por cada 25 asegurados!
El pretendido contrato colectivo (que es nulo, como veremos) contempla un aumento salarial indiscriminado del 5% para todos, independientemente del desempeño y de cualquier otro incremento que haya recibido el funcionario, que será mayor si el Índice de Precios al Consumidor supera ese porcentaje, lo que implica una indexación a la inflación, algo que no goza ningún otro sector laboral, mucho menos los trabajadores del sector privado, que tienen que aportar para solventar el beneficio.
Adicionalmente, una “gratificación especial” equivalente al 100% del salario (aguinaldo extra) a ser pagada el primer mes del año. Asimismo, ayuda escolar del 40% de un salario mínimo por hijo, bonificaciones por familia, por grado académico, por posgrado, por “formación de mandos medios”, por responsabilidad en el cargo, ayuda alimentaria, becas de estudio de grado y posgrado, con permiso con goce de sueldo hasta cuatro años.
Además, las siguientes licencias: por examen final de educación media (!) o superior, 12 días al año; por enfermedad de cónyuge, padres, hijos, 45 días al año; disertación en congresos en representación de la institución, 8 días al año; consultas médicas, 10 días al año; reposo por enfermedad, 90 días al año; obligaciones personales, por disposición judicial o gubernamental, 10 días al año; “circunstancias extraordinarias” no especificadas, 30 días al año; Día del Funcionario Público, 1 día al año; fallecimiento de “familiar”, 11 días al año; casamiento, 10 días al año; dolores menstruales,...
Aunque recurran a la típica maniobra de firmar “ad referendum” para que sea confirmado luego en el Presupuesto 2024, este contrato colectivo –como muchos otros similares– es nulo, porque es contrario a normas, principios y doctrina del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo, y porque está expresamente prohibido comprometer de antemano recursos no presupuestados en negociaciones colectivas en el sector público. Así lo establece claramente el artículo 4, inciso d, de la Ley 508/94, que regula estas negociaciones y establece que no serán objeto de las mismas “los rubros no...
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