El ministro Eugenio Jiménez Rolón, en su voto por el rechazo de la acción de la senadora Celeste Amarilla, sostiene que los derechos, aún de máximo rango, no son absolutos y pueden ser limitados. Dice que el artículo 190 de la Constitución, que reglamenta la sanción a legisladores por inconducta, “no se encuentra completamente restringida … Inmunidad de opinión de legisladores no es absoluta, refiere fallo de la Corte Leer más »
El ministro Eugenio Jiménez Rolón, en su voto por el rechazo de la acción de la senadora Celeste Amarilla, sostiene que los derechos, aún de máximo rango, no son absolutos y pueden ser limitados. Dice que el artículo 190 de la Constitución, que reglamenta la sanción a legisladores por inconducta, “no se encuentra completamente restringida por el artículo 191 de la misma ley Fundamental” que otorga inmunidad de opinión a parlamentarios. “La inmunidad señalada no implica -ni puede implicar prerrogativa absoluta- exenta del ejercicio regular de los derechos”. Además, confirmaron la sanción a...
El voto que estableció la mayoría definitiva en lo que respecta a no hacer lugar a la acción, fue el del ministro Eugenio Jiménez, quien señaló:
“El acto en virtud del cual se impone dicha sanción, necesariamente debe -en sus aspectos formales- adecuarse al marco constitucional. Así pues, la competencia de la Corte Suprema de Justicia para controlar la constitucionalidad del acto impugnado está limitada al control del cumplimiento de las formas previstas en normas de máximo rango; de manera que, si el acto sancionatorio se encuentra formalmente conteste con la Carta Magna, nada se podrá decir sobre aquél, dada -se reitera- la competencia disciplinaria exclusiva y excluyente de las Cámaras del Congreso Nacional respecto de sus...
“En este orden de ideas, la conducta sancionable y el procedimiento aplicado se encuentran contestes con el citado Reglamento Interno. Al respecto, cabe añadir, en coincidencia con lo expresado por el ministro Garay, que cualquier miembro de la Honorable Cámara de Diputados puede, si así considera pertinente, cuestionar la constitucionalidad de las disposiciones reglamentarias a fin de lograr su inaplicabilidad; empero, como se adelantó, ello no sucedió en este caso”
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