En un juicio tramitado en la jurisdicción laboral de la Capital, el Tribunal del Trabajo reguló honorarios profesionales que fueron apelados, elevándose el expediente a la Sala Civil de la Corte Suprema, la cual, en mayoría resolvió preliminarmente recurrir por vía de consulta a la Sala Constitucional, invocando el artículo 18 numeral a) del Código Procesal Civil, “a los efectos de un pronunciamiento relativo a la inconstitucionalidad de la ley que resulta aplicable al caso”.
La Sala Constitucional por Ac. y Sent. N° 812 del 24 de julio del 2024, en mayoría, resolvió: “NO EVACUAR la Consulta Constitucional elevada por la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, por improcedente”. El ministro Ríos sostiene que “Al derogarse la Constitución de 1967, el mencionado art. 18 inc. a) del CPC quedó automáticamente sin el más mínimo sustento…”. “En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 constitucional, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir...
“Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad-mal denominada consulta constitucional-, cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las...
El ministro Ríos en apoyo doctrinario a su voto cita a Néstor Pedro Sagues, Juan Carlos Mendonca, L. A. Amaya, Pablo Villalba Bernié y Manuel Ramírez Candia. “En definitiva, -dice Ríos- en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales, deberá –por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las...
El ministro Gustavo Santander, por su parte, concuerda con el voto de Ríos, y expresa: “…En concreto, de las normas constitucionales transcriptas no surge que la Sala Constitucional tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los jueces y tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción.
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