Se dio el paso indicado por los abogados y HC se sometió prioritariamente a la justicia paraguaya, previendo seguramente lo peor en el caso que en Colombia otros participantes en el alevoso crimen avalen lo declarado por Francisco Luis Correa Galeano, el testigo clave de la fiscalía de aquel país, en el sentido de atribuir la supuesta orden para el asesinato de Marcelo Pecci a Horacio Cartes y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”. Surge la pregunta después que el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, afirmase en una radio capitalina que HC había contratado a abogados colombianos para que investiguen si la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, se habría acercado al testigo “estrella” de la fiscalía del país del norte sudamericano con el fin de que dijera que Horacio sería el “autor intelectual” del magnicidio. La presentación ante la fiscalía adelantándose al acta de imputación, no implica desde luego “aceptar los cargos” como se insinuó en los pasillos tribunalicios entre algunos letrados, sino por el contrario la demostración de que a Cartes le conviene más direccionar su propio juicio en un terreno como el de la justicia paraguaya, que puede controlar más cómodamente al no estar sujeto a la justicia colombiana, porque al presentarse allá podría hasta quedar detenido, al contrario de su presentación ante la justicia nacional donde mantiene la libertad de movimientos pese a estar sometido ya a juicio antes de ser acusado. Si bien es cierto que Cartes es el que ejerce el poder fáctico desde la calle 25 de mayo en la junta de gobierno de la ANR, como se vio al recibir el jueves 19 al senador Natalicio Chase y darle la bienvenida como nuevo integrante del movimiento Honor Colorado, así como flamante miembro de la bancada cartista en el Senado, lo que aparece en forma inequívoca es que Santi no tiene la suficiente cintura como para esquivar las órdenes que provendrían del equipo político que da las directivas al Ejecutivo ejercido por el cartismo y en el que aparece Peña con un poder nada más que nominal, con autonomía sólo para las cuestiones económicas y con poco margen de actuación propia en la temática política. Si Peña actuó bien en vetar la ley impulsada por Basilio “Bachi” Núñez para expropiar centenares de hectáreas de parcelas públicas sobre el río Paraguay a favor de “sintierras VIP”, lo que fue aplaudido por la ciudadanía y apoyado por la mayoría legislativa colorada y cartista-liberal, queda por ver si esta señal de autonomía frente a las imposiciones que vendrían del Quincho pueden seguir, en momentos en que ya antes de los 100 días de gobierno se hace difícil que tanto HC como Santi se junten para una foto, tras lo ocurrido en el palco del estadio Defensores del Chaco, donde, según las malas lenguas, se habría aconsejado a ambos no estar sentados uno al lado del otro, a tal punto que Peña y la primera dama se acomodaron en otro lugar bastante alejado de Cartes, quien sí ocupó el palco principal con los ministros y sus respectivas parejas, para observar el partido Paraguay-Bolivia por los eliminatorias, el pasado martes 17 de octubre.
Horacio Cartes junto al ex titular de Essap, el senador Natalicio Chase, suma al cartismo a otro ex abdista. Aparecen además el titular del Senado, Silvio “Beto” Ovelar y el senador Antonio Barrios, ambos también miembros del movimiento Honor Colorado.
Al mismo tiempo que se somete a la Fiscalía nacional para que lo investiguen en el caso Marcelo Pecci, llamativamente el titular de la ANR Horacio Cartes va consolidando su poder político y con ello su influencia sobre la Justicia paraguaya que llegado el caso lo deberá juzgar. En la espera de lo que podría venir de Colombia o de Estados Unidos, HC ya abre el paraguas antes que llueva, al decir su abogado que desea saber si la DEA está detrás de las declaraciones del testigo clave de la fiscalía colombiana, que lo había vinculado al caso Pecci como “autor intelectual” del terrible crimen....
Tal como se había adelantado en Primera Plana la semana pasada, Horacio Cartes prefiere ponerse a disposición del Ministerio Público paraguayo en el caso Marcelo Pecci, después de la acusación proveniente del “cerebro” colombiano para la ejecución del magnicidio.
Es lo que más le conviene evidentemente y pone de resalto lo que hace tiempo debió haber acontecido, como forma de aclarar a nivel local quién dio la orden de matar al fiscal antidrogas.
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