Más de 1.900 artistas están afectados a causa de una acción judicial promovida a mediados del 2019 por una empresa importadora en la Corte Suprema y en el que se dieron un rosario de irregularidade...
Según los antecedentes del caso, el 15 julio del año pasado el Abg. Ever Ovelar, en representación de la firma Atlántico Importación-Exportación, propiedad del libanés Mohamed Assad Yousseff, presentó una inconstitucionalidad contra un Decreto 6780/2011 que reglamentaba la Ley 1328/98. Esta normativa establecía la justa compensación a favor de las entidades de gestión de artistas, intérpretes y ejecutantes por la importación de todo producto electrónico que pueda almacenar y/o reproducir obras.
Esta “justa compensación” se basa en las leyes, tratados internacionales y artículos constitucionales que protegen a la propiedad intelectual como principio rector de un derecho humano cual es la libertad de expresión. Una de las cosas que llamo la atención de los representantes de los afectados es que el expediente de Atlántico fue admitido en un tiempo récord de menos de un mes y sus proponentes lograron una medida cautelar para dejar de pagar esta justa compensación. Los artistas recordaron que la firma Atlántico y su propietario fueron objeto de investigaciones penales por evasiones...
La acción de inconstitucionalidad, que logró ser admitida por la Sala Constitucional en menos de un mes con una medida cautelar igual de rápida a favor de la importadora investigada en varias ocasiones, pretende calificar de ilegal un pago justo, en donde no es afectado en ningún punto el dinero público tratándose de un proceso exclusivamente reglado por el Derecho Privado, señalaron los abogados de los artistas. Sin embargo, en su acción, el Abg. Ovelar aseveró que este pago, cuya aplicación incluso sirve de control para detectar presuntas evasiones, en realidad se trata de un impuesto...
En lo que hace a la doctrina o posición jurídica a favor de la constitucionalidad de la ley 1328 con de 22 años de vigencia, y como marco el procedimiento constitucional, se corrió vista de esta acción al Ministerio Público, recayendo en el Fiscal General Adjunto Jorge Sosa la responsabilidad de emitir un dictamen al respecto. Este expuso una visión sobre como la Ley 1328 se ajusta perfectamente a la Constitución Nacional y refleja porque está vigente hace más de dos décadas.
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