“Se trata de unas 1.500 hectáreas de tierras altamente productivas con uso racional y sostenible de los recursos naturales, y que pertenecen al emprendimiento modelo Alegría, del grupo Willersinn, del distrito de Tacuatí, en el Departamento de San Pedro”, sostiene el documento.
Los gremios repudian que en este caso no se configuran los presupuestos para considerar una expropiación; pues no existe causa de utilidad pública ni interés social que lo justifique. Interpretan que se esconde detrás del proyecto la intención de un grupo de diputados de impulsar sus carreras políticas con tierras ajenas, atentando contra la seguridad jurídica.
Los empresarios firmantes sostienen que las tierras finalmente quedarán en manos de oportunistas que no saben trabajar ni hacer producir la tierra, y no de verdaderos agricultores.
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