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El Gobierno y el sector productivo mantienen discrepancias sobre las exigencias ambientales y sociales de la Unión Europea para sus compras de soja. Los gremios productivos se oponen completamente a las exigencias, mientras que el Gobierno negocia los puntos que a su criterio son razonables y se pueden cumplir.
Se han desatado tensiones entre el Gobierno y el sector productivo debido a las exigencias planteadas por la Unión Europea (UE) en relación con la exportación de soja. Estas discrepancias han generado preocupación sobre el futuro del acuerdo entre el Mercosur y la UE, que ha estado pendiente de firma durante dos décadas.
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) y el Gobierno, que solían mantener discursos consensuados, han expuesto públicamente sus diferencias en lo que respecta a las demandas de la UE. El presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, ha señalado que cumplir con las nuevas exigencias de mercado de la UE es inviable y problemático.
Uno de los principales obstáculos que ha mencionado Cristaldo es la dificultad de verificar y trazar la producción de soja en un proceso en el que se comercializa a granel. La UE ha establecido la necesidad de cumplir con 12 certificados, uno de los cuales se relaciona con la prevención de la corrupción, un requisito que Cristaldo considera imposible de cumplir.
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