Juristas y convencionales piden sanciones contra Santiago Peña y José Alberto Alderete por daños financieros que les atribuyen y reclaman medidas en el partido.
La posible expulsión de Santiago Peña de la Asociación Nacional Republicana (ANR) cobra fuerza en medio de los reclamos de afiliados que exigen sanciones por la crisis de Ueno Bank. El Tribunal de Conducta partidario tiene previsto reunirse hoy, a las 16:30, para analizar las denuncias y las consecuencias políticas, sociales y financieras del caso.
El exmandatario, destituido recientemente mediante un juicio político, enfrenta varias causas penales relacionadas con su gestión de gobierno. La situación genera preocupación entre los dirigentes colorados, que temen que el desgaste político comprometa la continuidad de la ANR en el poder. A esto se suma el impacto de la crisis bancaria, que habría afectado a miles de ahorristas y provocado importantes pérdidas económicas.
Uno de los principales impulsores de la expulsión es el abogado penalista Julio Vasconsellos, quien presentó una solicitud formal para que se investigue la responsabilidad disciplinaria de Peña. En su planteamiento también recordó el pasado liberal del exmandatario, quien abandonó el PLRA en octubre de 2016 para continuar como ministro durante el gobierno de Horacio Cartes.
Vasconsellos sostuvo que Peña incumplió el juramento asumido y sus obligaciones constitucionales. Según el abogado, su actuación causó un daño considerable a la imagen del país y perjudicó especialmente a los sectores más vulnerables, entre ellos personas que habrían perdido sus pequeños ahorros durante el colapso de Ueno Bank.
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