Un profesional en Derecho Penal, cuya identidad resguardamos por seguridad, dijo que el gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, estaría utilizando a las organizaciones sin fines de lucro para huir de su responsabilidad en caso de que surjan irregularidades, tal como está ocurriendo con la ejecución del fondo de emergencia por covid-19, de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales del 2020), que el Ejecutivo transfirió a la Gobernación.
AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). Un sinfín de irregularidades fueron halladas en la rendición de cuentas sobre la ejecución de los G. 6.382 millones que la Gobernación de Central recibió del Ejecutivo para generar fuentes de trabajo durante la pandemia, la realización de obras de infraestructura en espacios públicos y apoyo a hospitales.
El administrador departamental Hugo Javier González repartió el dinero a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió G. 5.105 millones, y al Consejo Regional de Salud le dio G. 1.276 millones.
Para justificar el uso del dinero ambas organizaciones presentaron facturas clonadas, de compras que no guardan relación con el comercio, facturas contado con fecha anterior al desembolso, facturas a crédito sin recibos de cancelación, de empresas que no existen en las direcciones declaradas, entre otras anomalías.
El exanimador de fiestas Hugo Javier, desde que asumió al cargo en 2018, contrató incesantemente a varias organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos en los 19 distritos del Departamento Central. En decir, tercerizó casi todas sus obligaciones y hasta llegó a transferir más del 60% de su presupuesto.
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