Trascendió la semana pasada que la pertinaz insistencia del contralor Enrique García de auditar las cuentas del Ministerio Público tendría por finalidad “encontrar irregularidades” en la gestión de la fiscala general para utilizarlas como moneda de cambio por la investigación que enfrenta por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
En principio, surgió la versión de que la insistencia del contralor general para auditar la gestión administrativa de la fiscala general Sandra Quiñónez se debía a una “vendetta” de García por su imputación por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, como consecuencia de haberle causado un perjuicio patrimonial de unos US$ 3,6 millones a la comuna capitalina cuando se desempeñó como su director de asesoría jurídica, al no apelar en el plazo convenido una demanda que le había entablado la empresa Ivesur al municipio.
Sin embargo, según las revelaciones, la desesperación de García para auditar el Ministerio Público, e incluso para amenazar con ingresar a este local con orden judicial y acompañado de la fuerza pública, tendría un fuerte motivo.
La razón sería la investigación penal que enfrenta y que le podría costar su libertad.
Lo que se reveló la semana pasada es la investigación penal por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene como principal protagonista a García.
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