Cerca de 1,8 millones de trabajadores en el Paraguay, que representan un 65% de la población activa, aún subsisten en la informalidad, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el Día Internacional del Trabajador, la falta de más libertad de organización, las reiteradas denuncias de persecución y discriminación sindical, el ineficiente sistema de inspección laboral, la flexibilidad de leyes laborales, los casos de despidos y de trabajo en condiciones precarias y bajo nivel salarial son las situaciones que desde las organizaciones obreras, los gremios empresariales y principalmente desde los organismos del Estado se deben superar, para construir un país más justo y con mejores oportunidades.
Aunque en las últimas décadas los trabajadores paraguayos han podido lograr importantes conquistas, aún existe una gran deuda pendiente por parte del Estado y de sectores de la patronal. El Informe de la Comisión Mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Futuro del Trabajo, presentado este lunes en el Banco Central por el director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou, sostiene que cerca de 1,8 millones de trabajadores en el Paraguay, que representan un 65% de la población activa, aún subsiste en la informalidad, sin acceder a...
La situación descrita en el documento coincide con otros informes, como el de la Coordinadora de Derechos Humanos en el Paraguay (Codehupy), que en el capítulo sobre la situación de los derechos laborales en el Paraguay asegura que en el país continúan la falta de libertad de organización, la persecución y la discriminación sindical, el ineficiente sistema de inspección laboral, la flexibilidad de las leyes laborales, los casos de despidos y de trabajo en condiciones precarias y bajo nivel salarial.
Entre los diversos casos graves mencionados en el informe, se citan situaciones de trabajo forzado y en condiciones precarias a los que son sometidos trabajadores de pueblos indígenas en el Chaco, como la registrada en una estancia en el Departamento de Boquerón, cerca de la frontera con Bolivia, donde inspectores gubernamentales encontraron a 35 personas del pueblo Aché trabajando y viviendo en condiciones inhumanas, en la producción de carbón vegetal.
También la Codehupy llegó a registrar denuncias sobre el despido masivo de obreros de una calera Guyratí, en el Departamento de Concepción, que dejó de operar en octubre de 2018, el propietario desapareció dejando en la calle a 140 operarios, entre ellos 23 indígenas de la etnia Angaité.
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