Continúa la duda de si el Ministerio Público responde o no a un sector, con la existencia de varios casos de políticos cartistas o allegados que no fueron objeto de investigación o cuyas causas van al oparei. Uno de los casos más sonados y que no siente el peso fiscal aún es el del gobernador de Central, Hugo Javier González.
Uno de los primeros casos de favoritismo del Ministerio Público se dio apenas iniciada la pandemia, cuando el empresario Karim Salum, un hombre de conocida cercanía con el ex presidente Horacio Cartes, no cumplió cuarentena obligatoria en los albergues dispuestos tal como hacían todos los ciudadanos que arribaban del extranjero, sino que fue enviado a su domicilio apenas llegó al país, generando la indignación ciudadana.
El hombre había presentado un certificado médico con lo cual una fiscala fue al mismo aeropuerto a darle la venia. La orden del beneficio supuestamente provino de la misma fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, según lo expresaron desde el Gobierno.
Este y otros antecedentes hacen que haya sospechas sobre la actuación fiscal a la hora de investigar al gobernador de Central, quien pese a las pruebas presentadas por la Subsecretaría de Tributación y la Secretaría Anticorrupción, hace casi tres meses, no fue procesado, así como ningún otro funcionario.
La Fiscalía se escudó en que faltaban los informes de parte de la Contraloría y las instituciones ya citadas para poder investigar y ver responsabilidades. Sin embargo, los papeles ya fueron entregados en su totalidad y además la Contraloría señaló que no hace falta la auditoría porque no es vinculante.
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