Desde mayo último, la Fiscalía investiga un posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la INC, luego de que la Contraloría haya reportado indicios de hechos punibles en la ejecución de la última parte de los bonos soberanos, concretamente para el montaje del ventilador tiro de horno de Vallemí. Otra causa está abierta desde hace casi 4 años, pero el fiscal de la causa sigue sin imputar a nadie.
La fiscala Natalia Fuster, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, informó ayer que sigue investigando en la luego de que la Contraloría General de la República (CGR) haya reportado indicios de hechos punibles en la ejecución de la última parte de los bonos soberanos en la estatal.
Según la agente, el 16 de octubre realizarán un peritaje, para identificar el posible perjuicio patrimonial en el marco del contrato para “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, “inversión” que se realizó en el año 2021, durante la administración de Ernesto Benítez.
Para ejecutar esta tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones la empresa CIE S.A., representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, en diciembre de 2020. A este monto sumaron G. 1.002 millones más, a través de la adenda N° 2, por lo que el monto del contrato llegó a G. 9.379 millones.
Con este contrato la INC “completó” las “inversiones” hechas con los recursos provenientes de la colación de los bonos soberanos por parte del Estado en la cementera pública, según la Fiscalía; es decir, la última parte de los US$ 80 millones que recibió la cementera durante el Gobierno de Horacio Cartes, para “mejorar” sus fábricas de Vallemí y Villeta, que se “completó” bajo la administración de Benítez ya en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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