Y ni los técnicos de la CONADERNA (Comisión Nacional de Recursos Naturales del Congreso Nacional) tienen acceso hasta ahora al informe o al análisis del Ministerio Público respecto a la intervención que practicaron el 21 de febrero de este año dentro de la Reserva Natural declarada como ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA, en el departamento de Concepción, […]
Y ni los técnicos de la CONADERNA (Comisión Nacional de Recursos Naturales del Congreso Nacional) tienen acceso hasta ahora al informe o al análisis del Ministerio Público respecto a la intervención que practicaron el 21 de febrero de este año dentro de la Reserva Natural declarada como ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA, en el departamento de Concepción, y donde una cementera italiana quiere instalarse a cualquier precio.
Las dudas existentes sobre la probable manipulación de la Fiscalía para favorecer a quienes cometen un claro CRÍMEN ECOLÓGICO, hacen que ya se estudie una denuncia penal contra los fiscales CARLO MAGNO ALVARENGA y AUGUSTO SALAS, quienes estarían tratando por todos los medios de “blanquear” a los dueños de la tierra donde COLACEM PY quiere instalarse, con una fábrica cementera con capital italiano. Ya de aquella intervención del 21 de febrero, salieron datos sobre la depredación selectiva de árboles añosos de especies nativas, abarcando un área de por lo menos 171 hectáreas de las 1.800 que...
Radio Concierto sí pudo tener acceso este fin de semana por primera vez, a algunas fotografías tomadas por los intervinientes dentro de la reserva natural, y las imágenes muestran la deforestación selectiva que hicieron sus dueños, en medio del proceso de VENTA que tienen con los italianos. DENTRO DEL PROYECTO elaborado por los mismos extranjeros, se puede ver claramente que ELLOS MISMOS ADMITEN que EL ÁREA DONDE SE INSTALARÁ LA FÁBRICA, DEBE PRIMER SER DESAFECTADA DE LAS LEYES QUE LA PROTEGEN COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA, antes del inicio de las actividades de la empresa COLACEM PY (ver...
“El propietario actual del inmueble ha registrado de manera voluntaria dichas áreas en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y en la Dirección General de los Registros Públicos con las categorías mencionadas precedentemente”, dice parte del informe que fue dado a conocer públicamente, y que hoy constituyen un claro CRIMEN ECOLÓGICO que se está empezando a materializar gracias al MADES, y a la FISCALÍA.
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