La Fiscalía General del Estado negó al Senado una copia de la carpeta investigativa invocando el Art. 322 del Código Procesal Penal. Lo contradictorio es que toda la documentación la entregó sin reparos a un secretario del abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, según denunció el imputado y extitular de Seprelad, René Fernández. Afirmó que persiste la selectividad en el Ministerio Público.
El 25 de marzo de 2024, el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, remitió a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores la nota N° 104/2024 por la cual
El mandamás del Ministerio Público reconoció que, de acuerdo al Art. 192 de la Constitución Nacional, el Congreso posee incuestionables facultades para solicitar informes a los demás poderes del Estado, entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos. “Sin embargo, esto procede en la medida que no lesione garantías constitucionales, cuya atención y protección han sido puestas bajo custodia por la disposición de la normativa fundamental” (sic).
“Así tenemos que las informaciones contenidas en el marco de una investigación penal, cuando se encuentra en etapa preparatoria, están resguardadas, lo que limita la facultad del Ministerio Público para facilitar copia íntegra y autenticada del cuaderno de investigación fiscal, por disposición del Art. 322 CPP (Código Procesal Penal)...”, señala el documento firmado por Rolón.
Ninguno de los argumentos de esta negativa fue utilizado el 18 de marzo de 2024, cuando el abogado Juan Verón, que acudió como parte del Estudio Jurídico Pedro Ovelar, retiró una copia íntegra de las actuaciones obrantes en la causa, relató ayer uno de los imputados y extitular de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), René Fernández.
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