Es martes 23 de abril vence el plazo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) se expida sobre el trámite de oposición que imprimió un juzgado penal de garantías contra el pedido de sobreseimiento definitivo solicitado por la Fiscalía para los imputados por la presunta “tragada” de más de 2 billones y medio de guaraníes de la que resultó víctima la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.
La Cámara de Apelaciones, 4ª Sala, por Auto Interlocutorio (AI) N°51 del 7 de marzo de 2024, resolvió confirmar el trámite de oposición que dispuso el juez penal de garantías N° 11 Yoan Paul López, por medio del AI N°1066 del 27 de noviembre de 2023, por el cual se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo que solicitó el fiscal José Martín Morínigo, de la Unidad Penal Nº 3 en la audiencia preliminar a favor de los exdirectivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chávez Ortiz y...
El fiscal Morínigo en la audiencia preliminar había ratificado el pedido de la fiscala adjunta Patricia Rivarola que en el cuestionado Dictamen Nº 4 del 18 de abril de 2023, requirió el sobreseimiento definitivo de los procesados.
El dictamen de la fiscala adjunta Rivarola refirió que si bien se han realizado diversas diligencias tendientes al descubrimiento real e histórica de los hechos, no se ha podido obtener al menos en grado de probabilidad –existencia de elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictivo y la participación de los autores– para fundar la solicitud de apertura a juicio en cuanto al hecho punible de lesión de confianza.
Sin embargo, este sobreseimiento definitivo fue anulado por la Cámara de Apelaciones, y devolvió el expediente al juzgado de López Samudio (antes se estaba tramitando ante la jueza Cynthia Lovera).
Leer la nota completa en Diario ABC