Es lógico razonar que el blanqueamiento de activos de origen ilegítimo precisa de un elevado “estándar” de detección, puesto que todo “elemento” debe vincularse a la ganancia obtenida por la comisión de un injusto (fuente), que urge ingresar al ciclo económico formal (colocación). En tanto, al acervo probatorio resulta “complicado”, por lo que la metodología investigativa debe lograr “examinar” el hecho antijurídico precedente, bajo los tramos dispositivos por Ley Nº 6452/19, que referencian los verbos rectores como “convertir”, “ocultar”, “disimular”, en cuanto a la procedencia; y/o “frustrar”, “peligrar” lo atinente al conocimiento de la ubicación del activo irregular para su “comiso”.
En tal contexto, se percibe una dificultad probatoria ante la relevancia para la “verdad” de los hechos, puesto que, en ocasiones, se origina con la prueba indiciaria, y posteriormente, se complementa con la prueba directa para la formulación de un “iter criminis”. Es que la prueba directa debe ser comprendida desde el relacionamiento con el medio de prueba que va dirigido a “acreditar” el injusto conforme al precepto jurídico instalado en la normativa vigente, mientras que la indiciaria (o indirecta) se dirige a la prueba de indicios que estimula la incidencia de un hecho principal (hecho...
Asimismo, se puede inferir a partir de la doctrina, lo que se reconocen como “prueba personal” y “prueba real”, que establecen un contraste a partir de la “naturaleza” de la fuente de prueba; es decir, se considera por “personal”, pruebas testifical, pericial, etc.; y por “real”, toda prueba documental. Por otro lado, se entabla un distingo respecto a la prueba “preconstituida” y la prueba “causal”, pues bien, la preconstituida refiere a aquella que está configurada con carácter previo al proceso; sin embargo, la prueba causal se va perfilando desde que se inicia el proceso.
Finalmente, se establece un justiprecio entre la prueba “plena” y la prueba “semiplena”, siendo la primera lo que se erige conforme a la ley, y que se vincula al pleno convencimiento del juzgador; en tanto, la semiplena solo reclama una mera probabilidad. Indudablemente, este delito (complejo) de lavado de activos motiva todo un proceso probatorio, desde el alcance de detección a todo activo irregular que busca adquirir una “apariencia” de fuente legítima, como también, el sentido de blanquear los diferentes sucesos ilegales que generaron el ingreso y/o el beneficio adquirido por parte de...
El examen de estos “sucesos” que afectan pluriofensivamente se encuentran advertidos y considerados por numerosas apreciaciones “legales” que se instalan a nivel internacional, como: 1- Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Convención de Viena del 19 de diciembre de 1988; 2- Convenio Europeo sobre Lavado de Dinero, Detección, Embargo y Confiscación de los productos de un delito. Convenio de Estrasburgo del 8 de noviembre de 1990; 3- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada-Transnacional....
Leer la nota completa en Diario ABC
