Agotadas las instancias nacionales, fiscales recurren hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cansados de no encontrar garantías en la Corte Suprema, que incluso cajonea sus causas.
El 8 de julio de 2005 apartaron de su cargo como fiscal a José Luis Silva. El entonces agente del Ministerio Público se encontraba en el proceso de investigación del sonado caso del empresario Raúl Menocchio por doble homicidio. A Silva el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) lo destituyó, según la denuncia, sin llegar a constituir la sala para el tratamiento de su caso y con una vertiginosa celeridad.
Sobre la causa, Silva presentó una acción de inconstitucionalidad que se encuentra en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 2005. Dicha acción, que duerme en algún cajón de la máxima instancia judicial, cumplirá en menos de un mes 18 años sin ser atendida. “No resuelven mi inconstitucionalidad porque es la prueba de que mi desvinculación fue irregular”, sentencia Silva. El abogado mantiene en su oficina un amplio legajo con la carpeta de la causa de Menocchio. En el procedimiento, Silva había decretado la detención del abogado Óscar Paciello, actual miembro del JEM....
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