El Código de Procedimiento Constitucional permitirá redefinir cuales son las resoluciones que pueden ser atacadas por vía de a inconstitucionalidad, se pondría un límite. “¿Por qué? Porque la Sala Constitucional tiene una función jurídico-política. La función jurídico-política, como poder del Estado, es el equilibrio y control de los poderes del Estado”, explicó el camarista del […]
El Código de Procedimiento Constitucional permitirá redefinir cuales son las resoluciones que pueden ser atacadas por vía de a inconstitucionalidad, se pondría un límite. “¿Por qué? Porque la Sala Constitucional tiene una función jurídico-política. La función jurídico-política, como poder del Estado, es el equilibrio y control de los poderes del Estado”, explicó el camarista del fuero civil de Central, Joel Melgarejo respecto al proyecto de ley que se impulsa desde la Corte y para lo cual se hizo un conversatorio.
“Ejemplo, la función legislativa, es decir qué se debe cumplir por medio de la ley. El Ejecutivo determina dónde, cómo y cuándo se cumple la ley. Cuando el Ejecutivo no cumple lo que dice la ley, uno va a inconstitucionalidad y la Corte tiene que direccionar esa situación jurídica, si trae perjuicio en derechos fundamentales. Esa es la función, pero estamos llenando a la Sala Constitucional con funciones que no le competen, sobre todo con medios de impugnación en resoluciones judiciales”, refirió el magistrado.
-¿Cómo quedaría con la creación o la aprobación del nuevo Código?
“Allí se tendría que definir realmente cuáles son las resoluciones que pueden ser atacadas por vía de inconstitucionalidad. Hemos visto que se pondría un límite. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional tiene una función jurídico-política. La función jurídico-política, como poder del Estado, es el equilibrio y control de los poderes del Estado”.
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