El 20% del monto que Cancillería debía pagar a un diplomático por orden judicial fue pedido por el procurador Víctor Arriola, supuestamente por orden del entonces procurador general, Roberto Moreno, y del presidente de la República, Horacio Cartes. El argumento era una donación a entidades de beneficencia. Según el abogado del diplomático, esa coima no se pagó.
El abogado Roberto Améndola explicó que su cliente, Gustavo Miranda Valenzuela, fue destituido en 1996 del cargo que ocupaba en la cancillería. En ese entonces se desempeñaba como segundo secretario en la embajada paraguaya en Chile. Se inició entonces una demanda que el Estado perdió en el Tribunal de Cuentas y en la que se dispuso la restitución del diplomático y el pago de 260.000 dólares de salarios caídos.
En el 2001, José Antonio Moreno Rufinelli reintegró a Miranda como ordenanza. Recién en 2011 se pagaron salarios caídos, pero quedaron los intereses por los años de proceso.
El juez en lo Civil y Comercial Hugo Morán resolvió que los intereses a favor de Valenzuela eran hasta el 2012 de 344.903 dólares y G. 91.479.868. El 13 de noviembre de 2013, el magistrado libró oficio al ministro Eladio Loizaga ordenándole se incluya el monto en el presupuesto general de gastos de 2014.
Para abonar ese monto, Cancillería necesitaba un dictamen de la Procuraduría General de la República y el decreto de la Presidencia de la República que lo autorizara.
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