Casi nueve meses después de que el Ministerio de Salud presentara denuncia por las numerosas irregularidades en el caso de los “insumos chinos” del clan Ferreira, la Fiscalía sigue sin imputar a los involucrados por los hechos más graves. El Ministerio Público imputó apenas por contrabando y no por intento de estafa y falsificación.
Ya transcurrieron casi nueve meses desde que el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, entregara a la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por tentativa de estafa y delitos marcarios, por la adulteración de las especificaciones técnicas de las mascarillas quirúrgicas que las empresas del Clan Ferreira pretendían entregar al MSPyBS en el marco de la fallida compra de insumos chinos.
La causa está identificada como N° 52/2020 “Persona innominada s/estafa”. Hasta anoche seguía sin formularse imputación por los hechos más graves enumerados en el reclamo.
La gigantesca estafa, que además hubiera puesto en riesgo la integridad física de todo el personal médico que hubiese utilizado los artículos falsificados, solamente fue evitada por la intervención in situ de la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid 19 (CESC), liderada por el ministro Arnaldo Giuzzio, quien constató las alevosas alteraciones efectuadas a los productos importados, antes de ser entregadas a las autoridades sanitarias.
El equipo de agentes fiscales, liderado por Osmar Legal, dividió la causa al abrir otra con el número 98/2020, en el marco de la cual procesó por contrabando de camas hospitalarias a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, junto a funcionarios aduaneros y despachantes. Mientras tanto, la investigación por los hechos verdaderamente denunciados quedó paralizada, ya que luego de casi 9 meses desde la presentación de la denuncia no hay una sola persona procesada por tales ilícitos.
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