En una reunión interinstitucional de la que participaron ministros de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidente el ministro Eugenio Jiménez Rolón, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, el viceministro de Seguridad Interna, Hugo Antonio Sosa Pasmor; el presidente y el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti y Manuel Riera; el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo; Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); y Alfred Fast, del sector cooperativo, se resolvió dejar sin efecto el criticado “Protocolo de Acción Conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno”, que fue introducido en el Gobierno de Fernando Lugo, y que sirvió más que nada para trabar los desalojos que ya contaban con orden judicial, antes que ayudar a hacer cumplir la ley.
Llamativamente con la vigencia del “Protocolo de desalojo”, firmado el 28 de marzo de 2012, al que se agregó un anexo el 20 de marzo de 2017, aumentaron los casos de invasiones de inmuebles. Los invasores se vieron amparados por la vigencia de esta nueva figura, que afortunadamente, fue eliminada la semana pasada.
El protocolo que fue eliminado estaba compuesto de tres fases, que involucraba a varias instituciones, lo que hacía interminable el proceso burocrático para hacer cumplir la orden judicial de desalojo, que incluso podría durar meses.
La primera fase era denominada a) Constitución en el lugar del hecho: básicamente lo que se ordenaba era la presencia del fiscal y de la Policía Nacional que se constituían en el lugar invadido para conocer el motivo de la ocupación, y se les advertía de las consecuencias de su conducta.
La segunda fase denominada b) Planificación del procedimiento. La coordinación para desalojar a los invasores de inmuebles recaía en la figura del fiscal, quien a su vez podía solicitar asistencia del fiscal adjunto y del jefe de la Policía departamental. Estaba prevista una serie de reuniones previas de las que participaban estamentos de derechos humanos del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior.
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