El abuso de la prisión preventiva es consecuencia de la emergencia penal adoptada, en respuesta a la inseguridad y que ha demostrado que el encierro masivo es una falacia, dice el abogado y catedrático.
- ¿Qué opina de la respuesta que dará el Poder Ejecutivo al problema penitenciario tras el escandaloso caso de la cárcel regional de San Pedro?
- Es una reacción lógica desde la perspectiva de que el tema penitenciario no le interesa a nadie. Y cuando digo nadie, me refiero inclusive a un Gobierno de corte progresista como el de Fernando Lugo, que tampoco se interesó en ello. Fue un perÃodo en el cual las cárceles también se volvieron un ámbito de recaudación, como ha sido siempre. Hay una economÃa polÃtica del encierro, que vuelve un negocio, a la cárcel y a sus habitantes. Y más que nunca, hoy existe una vinculación entre el tema del dinero, la tortura y los malos tratos, y las violaciones a los derechos humanos en...
- ¿En qué han incidido las reformas al Código Procesal Penal en los últimos años?
- Las modificaciones del Código Procesal Penal, en el 2004 y 2011, respectivamente se hicieron desde la perspectiva de lo que se conoce hoy como emergentismo penal o derecho penal de emergencia, en el sentido, que se modifican normas penales para responder a la crisis de inseguridad. Se endurece la represión estatal que dificulta la libertad. Por eso es que la prisión preventiva se volvió la norma y no la excepción, como señala la constitución. Esa emergencia penal, respecto a la cual hubo pocas voces crÃticas, hoy se traduce en una emergencia penitenciaria.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora