La morosidad judicial acaba de evidenciarse, una vez más, con la indignante prescripción de la causa abierta al exgobernador de Boquerón David Sawatzky Funk (ANR), por la malversación de 3.300 millones de guaraníes. El mismo fue condenado en primera y segunda instancias a tres años y siete meses de prisión, pero el 22 de diciembre de 2015 planteó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario de casación, chicana que estuvo “cajoneada” desde entonces, sin que ningún ministro creyera necesario ocuparse de tan grave asunto que afectaba al dinero de todos. Es de esperar, pues, que no se repita el escandaloso desenlace en los casos judiciales de los legisladores Víctor Bogado, Carlos Núñez Salinas, Tomás Rivas (todos colorados) y Carlos Portillo (liberal), y los parlasurianos liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré, para que no se vean favorecidos también con la prescripción de sus respectivas causas, debido a la negligencia o venalidad de quienes deben impedirla. La garantía constitucional de igualdad de acceso a la Justicia no debe seguir siendo una mera expresión de deseos.
Aparte de ser un campo propicio para el tráfico de influencias, que suele desembocar en el prevaricato puro y duro, el Poder Judicial se distingue por la morosidad jurisdiccional y por el prebendarismo administrativo. Es común que los casos no se resuelvan a tiempo debido a la mera negligencia o al tentador soborno, y que los politicastros instalen en el copioso funcionariado a los “recomendados” que cobran sin trabajar. La Justicia no es pronta ni barata y alimenta generosamente a una multitud de parásitos, a costa de quienes se ven privados de ella.
El primer vicio acaba de evidenciarse, una vez más, en la indignante prescripción de la causa abierta al exgobernador de Boquerón David Sawatzky Funk (ANR), por la malversación de 3.300 millones de guaraníes. Condenado en primera y segunda instancias a tres años y siete meses de prisión, el 22 de diciembre de 2015 planteó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La chicana estuvo “cajoneada” desde entonces, sin que ningún ministro creyera necesario ocuparse de tan grave asunto que afectaba al dinero de todos. Como el Ministerio Público había...
El autor de tan certero diagnóstico afirmó ahora que el Consejo de Superintendencia de la Corte debe individualizar y sancionar a los responsables del referido escándalo, de lo que se infiere que no serían los miembros de la máxima instancia judicial, sino algún funcionario de menor cuantía que sirva de chivo expiatorio. El art. 14 de la Ley N° 3759/99 dice que los magistrados pueden ser removidos por “no dictar sentencia definitiva dentro del plazo que el superior le hubiere fijado en el incidente de queja por retardo de justicia en por lo menos dos casos en el lapso de un año judicial”. Y...
También había sido acusado el hoy jubilado Miguel Óscar Bajac, por la comisión de delitos y mal desempeño de sus funciones. El ahora imputado por el presunto hecho punible de cohecho pasivo agravado fue el “responsable” de la circunscripción judicial de Alto Paraguay y Concepción. En tal carácter instaló a 62 “planilleros” propuestos por los politicastros de siempre, de acuerdo a la consabida práctica prebendaria del cuoteo. Se ignora dónde “trabajan”, pero no así que cobran regularmente sus sueldos, es decir, que cometen el delito de “cobro indebido de honorarios”. Lo peor del asunto es...
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