Un reciente caso que concita el enojo ciudadano apunta, una vez más, a nuestra justicia. Se trata de una casación resuelta en dos años, y una inconstitucionalidad considerada en el doble de tiempo. Estos no son los primeros casos en que las chicanas colaboran con una justicia lenta que al final, regala impunidad a algunos privilegiados. Lamentablemente estas demoras judiciales y los procesos que acaban en un opa reí son un sello característico. Pero no podemos tolerar más injusticias si pretendemos ser un país serio y creíble.
El caso más reciente refiere por un lado a que la Corte Suprema tardó cuatro años en resolver una acción de inconstitucionalidad planteada al comienzo de una causa que ahora está prescripta. Se trata del presunto desvío de G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, planteado por el ex ministro Enzo Cardozo en el 2014 y que tuvo resolución en el 2018. El segundo caso más reciente es el de un recurso extraordinario de casación resuelto luego de dos años.
El año pasado, hace apenas unos meses, se informaba que la Corte Suprema de Justicia había cerrado un caso después de 18 años de que se hubiera iniciado. El asunto refiere al escribano Lorenzo Livieres Banks que había recurrido al Tribunal de Cuentas la sanción que le había impuesto el Máximo Tribunal el 7 de junio del 2004. El notario falleció en setiembre del 2018, y cuatro años después la Sala Penal dispuso el archivo del caso. Finalmente, la Corte declaró inoficioso el estudio de una apelación contra una sanción hecha porque la persona que había hecho la presentación ya había fallecido....
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