En nuestro editorial de ayer nos referimos al Indert, donde se destapó un escandaloso caso de coima, como una verdadera cueva de Alí Babá. Entre otras cosas, mencionamos que sus principales dirigentes de los últimos años están procesados, lo cual, sin embargo, no sirvió para desalentar nuevos casos de presunta corrupción. Este mal permea todas las entidades públicas, desde hace largas décadas, cualquiera sea el poder de turno. Y bien, si se pudiera establecer al respecto un ignominioso ranking, varias instituciones competirían cabeza a cabeza. El IPS exigiría para sí uno de los primeros lugares, según enseña la indignante experiencia colectiva. Es otra verdadera cueva de Alí Babá. Allí se acostumbra robar, en perjuicio de los asegurados. En el latrocinio intervienen, desde luego, los “empresarios” habituales que proveen al ente bienes y servicios, como Óscar Chamorro Lafarja, hijo del diputado colorado José Chamorro, de conocido vergonzoso historial. Precisamente, la Contraloría General acaba de echar luz sobre su última fechoría, frustrada en buena hora, y no precisamente por obra de las autoridades del IPS.
En nuestro editorial de ayer nos referimos al Indert, donde se destapó un escandaloso caso de coima, como una verdadera cueva de Alí Babá. Entre otras cosas, mencionamos que sus principales dirigentes de los últimos años están procesados, lo cual, sin embargo, no sirvió para desalentar nuevos casos de presunta corrupción. Este mal permea todas las entidades públicas, desde hace largas décadas, cualquiera sea el poder de turno.
Y bien, si se pudiera establecer al respecto un ignominioso ranking, varias instituciones competirían cabeza a cabeza. El Instituto de Previsión Social (IPS) exigiría para sí uno de los primeros lugares, según enseña la indignante experiencia colectiva. Es otra verdadera cueva de Alí Babá. Como muestran las numerosas denuncias difundidas desde hace varios años, allí se acostumbra robar y, por ende, se pone en serio riesgo la salud de los asegurados debido a la falta de medicamentos, de insumos o de infraestructura adecuada. En el latrocinio también intervienen, desde luego, los...
Por si aún hacía falta, la Contraloría General de la República acaba de echar luz sobre su última fechoría, frustrada en buena hora y no precisamente por obra de las máximas autoridades del IPS. Al contrario, el dictamen técnico emitido sugiere que ellas hicieron todo lo posible para darle el gusto, no solo aprobando un pliego de bases y condiciones que favorecía a sus empresas Bullers SA y Security Service Technology SA, sino también fijando un precio referencial que coincidía con el de las ofertas entregadas por dichas firmas: “Puede concluirse que tanto el precio de referencia como el de...
Es repugnante que el IPS se haya puesto de acuerdo con el viejo amigo de la casa, que en los últimos nueve años le cobró más de 362.000 millones de guaraníes, perjudicando a los asegurados y a los eventuales oferentes. Chamorro jugó con las cartas marcadas, porque el precio de referencia no debe ser conocido por los oferentes, de acuerdo al art. 13 del Decreto N° 21.909/03: “Las estimaciones de costos que se realicen para cada operación tendrán carácter reservado y no serán publicadas ni difundidas hasta tanto no se haya efectuado la adjudicación correspondiente”.
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