A través del tiempo nuestra economía ha pasado por procesos de desbordes en los gastos del presupuesto, sobre todo en periodos electorales, que luego costaron muy caro a la ciudadanía. Impuestazos y cesación de pagos vividos en el pasado, podrían volver a repetirse para el próximo periodo, si el Congreso sigue aprobando aumentos de gastos rígidos sin financiamiento. De aprobarse todas las ampliaciones significaría US$ 1.800 millones adicionales
La aprobación por parte del Congreso Nacional de y también pedidos de ampliaciones para el PGN 2023 (en estudio), mayormente para ajustes salariales para algunos sectores del Estado ha disparado nuevamente la señal de alerta en el sector público, ya que se tratan de gastos rígidos que tendrán impacto no solo en este periodo sino en los siguientes.
Esta situación desde todo punto de vista pone en serio riesgo no solo el cumplimiento del plan de convergencia fiscal (de llevar nuevamente el déficit al 1,5% del PIB); sino que podríamos volver escenarios extremos como retrasos y cesación de pagos de los compromisos del Estado (salarios, proveedores, deuda) que ya lo vivimos anteriormente entre mediados de los 90 y la siguiente década, y que requirió de fuertes reformas e impuestazos para ordenar las finanzas públicas.
Según se puede observar en los datos históricos de las publicaciones de nuestro diario, a pesar del paso del tiempo, los vicios que perforan el presupuesto público siguen siendo los mismos. Luego de una reforma tributaria en medio de la crisis financiera de los 90, numerosos decretos de exenciones impositivas posteriores que se aprobaron y ante la notoria falta de control de gastos públicos, en poco tiempo ha consumido todo el espacio fiscal.
Antecedentes también refieren que durante la primera mitad de la década de los noventa, la administración pública no enfrentó mayores problemas, pero la situación se revierte a partir de la segunda mitad, alcanzando el déficit fiscal al 4% del PIB en el 2000 y a 3,5% en el 2002.
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