Trabajar para el Estado es una de las opciones más atractivas desde el punto de vista de los salarios que se pueden obtener, según las propias estadísticas nacionales. Pero, ¿qué tanto se puede garantizar que ingresen los más idóneos y sean los más capaces quienes ocupen cargos de dirección? Esta respuesta se pretende dar a través de los concursos de conocimientos y aptitudes, que se van incorporando paulatinamente como una forma de erradicar viejas y perjudiciales prácticas de clientelismo político y prebendarismo.
En Paraguay, un empleado del sector público gana en promedio G. 4.046.000 al mes, mucho más que los G. 2.534.000 de remuneración promedio que se percibe en el empleo privado y casi al doble de los G. 2.160.000 que se obtiene en el trabajo independiente, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recogidos al tercer trimestre del 2022.
Con esta situación de privilegio, y atendiendo a que los puestos en la administración del Estado inciden en la vida cotidiana de toda la población, se debería esperar que los profesionales más aptos y mejor calificados sean los que integren la función pública.
Lamentablemente, no siempre es así. Durante años, los requisitos para ingresar a una institución pública en nuestro país han sido las conexiones políticas, el padrinazgo, el amiguismo y el cobro de favores por haber colaborado en alguna campaña proselitista, lo que llevó a que el empleo en este sector no se caracterice precisamente por la eficiencia.
En busca de erradicar esta vieja y perjudicial práctica de clientelismo y prebendarismo, se instauró la modalidad del ingreso por concurso de méritos y aptitudes, y su aplicación avanza de manera paulatina mediante la instalación de profesionales técnicos en puestos de ciertas instituciones.
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