La provincia argentina de Formosa (norte) cumple una semana desde que su capital volvió a la fase más dura del aislamiento obligatorio.
La provincia argentina de Formosa (norte) cumple una semana desde que su capital volvió a la fase más dura del aislamiento obligatorio, un tiempo en el que numerosos colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han encabezado fuertes protestas contra la situación, mientras se recrudece la controversia política.
Desde la irrupción de la pandemia en el país hace un año, esta región fronteriza con Paraguay ha sido objeto de polémica en reiteradas ocasiones por sus medidas extremas para frenar el avance del coronavirus, que van desde el cierre de las fronteras provinciales durante meses hasta la creación de precarios centros de aislamiento para los enfermos y los casos sospechosos de covid-19.
"Lo que está habiendo en Formosa desde hace ocho meses son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, vinculadas al decreto que habilita el aislamiento obligatorio", cuenta a Efe por videoconferencia Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Lo que terminó por minar la paciencia de cientos de formoseños fue el regreso a la fase uno del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (ASPO) en la capital provincial, decretado el pasado 4 de marzo tras la detección de 17 casos de coronavirus en la ciudad.
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