El dictamen de la Bicameral del Congreso detectó más de 60 indicios de hechos punibles en diferentes instituciones de la administración anterior, por hasta USD 450 millones. El expresidente es responsable por acción u omisión, según integrantes de la comisión.
Un perjuicio patrimonial de G. 3,3 billones entre la Administración Central, la Descentralizada, los municipios y las gobernaciones es lo que concluyó la Comisión Bicameral del Congreso, con base a la denuncia de la Contraloría.
“Si quien nomina a un colaborador de en cuestión, estando enterado hace caso omiso, por acción u omisión puede terminar siendo llamado para dar explicaciones”, advirtió el senador Dionisio Amarilla, titular de la Bicameral, y enfatizó que, Mario Abdo Benítez es responsable en cualquier de los dos casos.
Comentó que, dentro de las observaciones y sugerencias hechas, figura la instalación de una oficina de seguimientos a estos reportes de indicios de hechos punibles, para que no queden en la nada.
Las auditorías financieras incluyen a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Previsión Social, entre otros entes.
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