Sectores sociales coinciden en que el informe del presidente Mario Abdo no refleja la realidad en Niñez, Ollas populares y Mujer. Los programas de protección social han sido insuficientes, no existe una política eficiente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y se preguntan qué pasó con los G. 10 mil millones que el INDI debió ejecutar en las ollas populares.
Aníbal Cabrera director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) dijo que el Estado sigue en deuda con las niñas, niños y adolescentes del Paraguay, y que los datos del tercer informe de gestión del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no condicen con la realidad que se vive a diario en las comunidades más vulnerables del país.
“La violencia y la pobreza extrema han recrudecido en el grupo de población de niñas, niños y adolescentes, que representa a 35 de cada 100 habitantes del país”, refiere. Añade que la falta de coordinación de las políticas públicas a nivel nacional, seguida de los escasos presupuestos para sostener esas políticas, es cada vez más alarmante y se evidencia mucho más en la crisis del sistema de salud: miles de familias han perdido a sus seres queridos por la inoperancia del Gobierno en gestionar los servicios y en proveer a tiempo las vacunas.
“Niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas constituyen la población más vulnerable y menos protegida: hemos sido testigos de cómo han sido desalojados de sus tierras en procedimientos policiales y fiscales cuestionados e incluso ilegales, con viviendas y escuelas destruidas, teniendo que acampar al costado de las rutas o en plazas a la espera de respuestas institucionales insuficientes que se limitan al asistencialismo sin tener en cuenta los factores causantes de estas expulsiones”, critica.
Pura Zayas coordinadora general de la Asociación Callescuela, dijo que el informe del presidente no refleja la realidad, que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, en especial los que son parte del 30% de la población paraguaya en situación de pobreza. “Con ese sector hay también deudas en políticas públicas que le garanticen integralmente sus derechos. Incluso contar con un Plan Nacional aprobado, les fue negado en este tiempo”, critica.
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