El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Superintendencia, doctor Luis María Benítez Riera, ordenó la apertura de una investigación preliminar a los auxiliares de justicia, ordenó una investigación preliminar contra el abogado Darío Aquiles Flores Mendoza y el escribano…
La orden se dio luego de las publicaciones periodísticas en medios de comunicación y plataformas digitales referente al supuesto caso de desvío de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que afectó a familias de escasos recursos tras la muerte de dos trabajadores.
El Consejo de Superintendencia dispuso la remisión de estos antecedentes a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia y a la Oficina de Quejas y Denuncias, con el fin de determinar la existencia o no de hechos que pudieran configurar faltas administrativas, y que, eventualmente, ameriten la aplicación de alguna medida disciplinaria.
La funcionaria del Congreso Anadelia Acosta Armoa y su pareja, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas de apropiación en Caaguazú. Cada familia afectada recibió la suma de G.300 millones.
La ANDE concedió una indemnización de G. 400 millones cada uno para las familias de Antonio Acosta Contrera, de 53 años, y Marino Ramírez Casco, de 43 años, quienes sufrieron una descarga eléctrica al caerles encima un cable de baja tensión.
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