El informe titulado “Derechos Humanos Paraguay 2018” de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los derechos de los niños y adolescentes, es lacerante.
Forma parte del país que duele y más aún cuando se trata del fuero Niñez y Adolescencia. El Estado paraguayo sigue siendo criminalmente moroso en su simbólica garantía de preservar los derechos de los niños y adolescentes. El estado de vulnerabilidad se enumera en cada uno de los aportes objetivamente narrados en el Capítulo VI de dicho informe con el título: “Paraguay persiste en garantizar de modo limitado los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
La modificación de varios artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, como la elevación al rango de Ministerio a la otrora Secretaría Nacional de la Niñez considera el citado informe como algo fundamental, sin embargo se recortó el presupuesto de esta cartera en un 3% tomando como franja de estudio el último lustro.
La necesidad de fortalecer los programas ya existentes como el Programa para la Atención Integral de los Niños y Adolescentes que viven en la calle (PAINAC), Abrazo, Primera Infancia entre otros, mayor inversión social para la garantía de los sujetos de derecho de este fuero, son aspectos que resalta ese informe y a los cuales se debe prestar especial atención.
Actualmente en nuestro país, 35 compatriotas de cada 100 son niños, niñas y adolescentes, lo que representa tomando como base el mismo informe un total de 2.494.944 personas entre 0 y 17 años de edad, siendo la población urbana el 61,7%, mientras que la rural 38,3%. Esa franja poblacional (la de 0 a 17 años) es la más vulnerable por razones de pobreza, discapacidad, relaciones étnicas desiguales, analfabetismo, género, cambio climático entre otros.
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