Las dos denuncias que fueron presentadas en el Ministerio Público fueron convertidas en una sola causa, pero las investigaciones hasta ahora no avanzaron. La fiscala Esmilda Álvarez, responsable del caso, se mantiene en silencio y los denunciantes hablan de impunidad con la “operación cicatriz”. Hoy enviarán un informe Bicameral a ambas cámaras del Congreso.
La primera denuncia penal había sido presentada por el ingeniero Herman Pankow, en mayo de 2018, contra el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por lesión de confianza en el marco del proyecto metrobús.
Asimismo, se incluyó al exjefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito, y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas. La denuncia fue ampliada en dos ocasiones y se agregó entre los denunciados al exviceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y a otro funcionario del BID (financista de la obra).
Asimismo, en enero de 2019, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, también por el presunta lesión de confianza y estafa, por el perjuicio que causó dicho fallido plan. Esta carpeta se incluyó en la denuncia de Pankow, que tampoco tuvo avance.
“La fiscalía tiene una denuncia desde mayo de 2018 y ni siquiera remitió la causa al juez de Garantías, algo que el código procesal penal en su artículo 290 ordena y que debía hacerse en seis horas, pero lleva dos años y tres meses cajoneando”, expresó Pankow ayer a nuestro diario y dijo que habría impunidad con la “operación cicatriz”, tras la alianza del presidente Mario Abdo Benítez con el exmandatario Horacio Cartes.
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