En el marco del Día Internacional de la Educación, que se celebra en el mes de enero, este artículo analiza la crisis global de aprendizaje y sitúa a Paraguay dentro de ese escenario de profundas desigualdades y bajos resultados educativos. A partir de diagnósticos internacionales y nacionales, propone pensar una política educativa de Estado con horizonte 2040, basada en derechos, equidad y calidad. El texto subraya la necesidad de financiamiento sostenible, buena gobernanza y planificación prospectiva; advierte sobre los riesgos de una mala implementación y destaca la educación como clave para la justicia social, la democracia y el desarrollo sostenible.
El Día Internacional de la Educación se celebra cada 24 de enero porque así lo proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, para destacar el papel de la educación en la paz y el desarrollo sostenible, reconociéndola como derecho humano, bien público y responsabilidad colectiva. La ONU y la UNESCO utilizan este día para llamar a la acción frente a datos críticos: millones de niños y jóvenes fuera de la escuela y cientos de millones de adultos sin competencias básicas, lo que vulnera el derecho a la educación.
El caso paraguayo se inscribe plenamente en esta problemática global, aunque también es posible que un país con importantes déficits educativos pueda construir una política de Estado de largo plazo si logra asegurar financiamiento sostenible, una buena gobernanza y la continuidad en su implementación.
A escala mundial, organismos como la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial han documentado una "crisis de aprendizaje", lo que significa que millones de estudiantes asisten a la escuela sin desarrollar competencias básicas en lectura, matemática y ciencias, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Las evaluaciones internacionales (PISA, ERCE, TIMSS, PIRLS) muestran brechas muy marcadas entre países del Norte y del Sur global, pero también dentro de cada país, según el nivel socioeconómico, el género, el territorio, la condición migratoria o la pertenencia a pueblos originarios.
El siglo XXI aporta desafíos cualitativamente nuevos: la revolución digital y la inteligencia artificial exigen capacidades de pensamiento crítico, de resolución de problemas complejos y de aprendizaje permanente, mucho más allá de la memorización de contenidos. Al mismo tiempo, el cambio climático, las pandemias y la polarización política obligan a repensar la educación como un espacio para formar ciudadanía crítica, solidaria, capaz de convivir en sociedades diversas y de participar activamente en los procesos democráticos. Igualmente, se evidencia un rezago significativo en el desarrollo...
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