“El año pasado, nosotros accedimos a las bases de datos de Catastro, cruzamos esa información y, con imágenes satelitales obtenidas desde el año 86 hasta la actualidad, pudimos detectar dos de tres inmuebles, totalizando 4.000 hectáreas que deberían ser reservas legales de bosques naturales”, indicó Santagada.
La denuncia es por la presunta comisión de hechos punibles contra el medioambiente.
“IDEA desde hace varios años viene expresando su preocupación frente al muy alto ritmo de deforestación que se observa en el Región Occidental de la República del Paraguay (Chaco paraguayo), situación que, a la postre, podría poner en peligro el goce de los más elementales derechos humanos vinculados con la vida, la calidad de vida y el derecho a habitar en un ambiente saludable en un marco de desarrollo sostenible, todo lo cual se encuentra garantizado por la Constitución de la República”, refiere parte del escrito.
factores. Además resalta que factores como la ampliación de la frontera agropecuaria, sin la debida planificación (a la fecha, ningún gobierno municipal del Chaco paraguayo cuenta con un plan de desarrollo urbano y territorial que es obligatorio según la Ley 3966/10 “Orgánica Municipal” y sus modificatorias), la debilidad institucional y, por consiguiente, la deficiente aplicación de la normativa forestal y ambiental, están ocasionando un deterioro de la cobertura boscosa nativa, lo cual podría impactar en el equilibrio ecológico, bien jurídico protegido a nivel constitucional.
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