Diputados denunciaron ayer ante la Fiscalía al Ministerio de Salud por una sobrefacturación y otras irregularidades en la compra de respiradores pulmonares para enfrentar la pandemia. Se basan en un informe de Contraloría.
La denuncia está fundamentada en un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) que cita varias irregularidades en el proceso de compra realizado por el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Julio Mazzoleni, para la adquisición de respiradores pulmonares. La contratación, vía excepción, benefició el 16 de abril a la empresa Dysa Healthcare SA, representada por Rosalina Villalba de Paredes e Iván Maciel, con un contrato de nada menos que G. 8.115.800.000.
Según la denuncia, el 1 de abril la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud acreditó la urgencia impostergable para esta compra y el mismo día, después de las 19:00, se invitó a cinco empresas. El 2 de abril, a las 12:00, cinco horas hábiles después, se realizó la presentación de ofertas, concursando sólo Dysa. Esa misma fecha, el informe de evaluación recomendó la adjudicación.
Sin embargo, recién el 14 de abril se firmó contrato con Dysa para la provisión de 31 ventiladores pulmonares a G. 261.800.000 cada uno y por G. 8.115.800.000 en total. La entrega se hizo el 19 de abril, pero el 28, la CGR halló solo tres instalados.
En base al informe final de fiscalización especial inmediata concluido por la CGR el 20 de agosto, los legisladores consideran que podría haber hechos punibles.
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