La Corte Suprema de Justicia hace la vista gorda al incumplimiento de la acordada “antichicana” por parte de los jueces, quienes se convierten en cómplices de los acusados y sus defensores en la dilación de los procesos.
Los magistrados no aplican la acordada que castiga el ejercicio abusivo del derecho, atribuible a los imputados y sus representantes legales, por lo que la normativa es “letra muerta”. Llamativamente las trabas se registran en los procesos a personas con poder económico, como traficantes de droga y a políticos acusados de robar al Estado, entre otros.
En octubre de 2015, una auditoría ordenada por la Corte corroboró que las audiencias preliminares más suspendidas se daban en los causas abiertas a políticos, narcotraficantes y otros “peces gordos”. El promedio de las suspensiones era de tres veces y en no pocos casos llegaban a 10 o 15.
De las 1.300 audiencias preliminares estancadas, más del 20 por ciento era debido al ejercicio abusivo del derecho de los defensores particulares de los imputados con poder político o económico.
Este resultado había sido expuesto en una conferencia de prensa por el director de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Mario Elizeche.
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