La Corte no solo suspendió los efectos de la Ley N° 6.622, que establece medidas de racionalización del gasto público, sino también los artículos de la Ley N° 6.672, de Presupuesto General de la Nación, que restringen la ejecución de determinados gastos ante el déficit de las finanzas públicas, entre ellos combustibles y bocaditos.
Corte levanta restricciones para seguir derrochando en bocaditos
La máxima instancia judicial, como juez y parte en esta causa, suspendió la aplicación de 12 artículos de la ley de presupuesto, 15 artículos de la Guía de Normas y Procesos del PGN 2021 del decreto que reglamenta la ley de presupuesto y 1 artículo de la ley de racionalización del gasto y su reglamentación correspondiente, mientras resuelve la acción de inconstitucionalidad promovida por la misma Corte.
Alegando la autarquía presupuestaria del Poder Judicial, la abogada Mirtha Morínigo de Florentín, en representación de la Corte Suprema de Justicia, promovió la referida acción de inconstitucionalidad contra los artículos de las leyes y decretos reglamentarios mencionados.
La suspensión fue dispuesta por la Sala Constitucional mediante el Auto Interlocutorio N° 1242, de fecha 9 de julio, lo que permitirá a la Corte hacer uso discrecional de los recursos públicos pagados por la ciudadanía y sin tener en cuenta las limitaciones fijadas para el sector público atendiendo el déficit existente.
Leer la nota completa en Diario ABC
